Advertencia de Fenabanca sobre la Ley 86-26
La Federación Nacional de Bancas de Loterías (Fenabanca) ha expresado su preocupación respecto a la nueva Ley 86-26. Aunque esta legislación ha sido descrita como un avance institucional en el ámbito del juego regulado en la República Dominicana, Fenabanca advierte que podría favorecer la regularización de operadores informales. La federación destaca que el régimen provisional de la Dirección General de Juegos de Azar (DGJA) podría permitir un aumento significativo en la formalización de entidades que operan actualmente de manera irregular.
Según Fenabanca, el actual marco legal tiene serias contradicciones operativas e impositivas. Esto surge especialmente por las recientes resoluciones del Ministerio de Hacienda y Economía. La organización se queja de que, pese a los compromisos asumidos por el gobierno en mayo de 2026, aún no se ha adecuado la legislación necesaria para garantizar un entorno de juego justo y regulado. Esta demora pone en riesgo la equidad fiscal en el sector.
Impacto del régimen fiscal y resolución 228-2026
Uno de los puntos más criticados por Fenabanca es el impacto de la Resolución 228-2026, publicada en septiembre de 2026. Esta resolución modifica la 159-2023 y plantea un aumento en los puntos de venta autorizados para las loterías electrónicas, pasando de 4.000 a 5.000. Asimismo, fija un pago impositivo anual de RD$39.000 (US$640) para estas plataformas, lo cual contrasta con los RD$54.000 (US$880) que preveía la propuesta legislativa.
Fenabanca argumenta que esta medida genera una disparidad fiscal con las bancas tradicionales, las cuales han visto un incremento en su carga impositiva de RD$35.000 (US$575) a RD$85.000 (US$1.400) anuales. Esta diferencia podría generar un entorno competitivo desfavorable para los operadores tradicionales, aumentando los riesgos de fuga hacia soluciones ilegales o informales para sortear las cargas fiscales.
Preocupación por regularización masiva y derechos adquiridos
El gremio de bancas de loterías ha mostrado su inquietud por la posibilidad de que el régimen provisional de la DGJA fomente una regularización masiva de operadores que actualmente no cumplen con los procesos establecidos por el Decreto 63-22. Fenabanca ha subrayado la importancia de proteger los derechos adquiridos por las bancas tradicionales y mantener la distancia mínima de 200 metros entre locales, regulaciones que podrían ser vulneradas bajo el nuevo régimen legal.
Además, la federación considera que la falta de respuesta a cuestiones planteadas en el Consejo de Seguimiento del 14 de mayo de 2026 agrava la situación actual, generando incertidumbre sobre el futuro del sector. Exige una revisión exhaustiva de la Resolución 019-2023 para que se alinee con el Decreto 197-26, evitando así más estancamientos en el proceso de regularización.
El reto de implementación para la DGJA
Con la nueva estructura de la Dirección General de Juegos de Azar, liderada de manera provisional por Teófilo «Quico» Tabar, uno de los principales desafíos será garantizar que el marco legal no sea utilizado para legitimar operaciones irregulares. El período de transición será crítico para asentar las bases de un sistema justo y equilibrado que respete las normativas preexistentes y promueva la transparencia en la industria del juego.
Fenabanca enfatiza que cualquier intento de instrumentalizar la Ley 86-26 en beneficio de operadores no regularizados socavaría no solo los derechos de las bancas tradicionales, sino también la confianza del mercado en un sistema regulado. Por lo tanto, es esencial una supervisión rigurosa y un cumplimiento estricto de las leyes y resoluciones pendientes.
Conclusión: Implicaciones y próximos pasos
La implementación de la Ley 86-26 en República Dominicana representa tanto un desafío como una oportunidad para la industria del juego. Si bien se vislumbran avances en la regularización y formalización del sector, es crucial abordar los desequilibrios fiscales y legales señalados por Fenabanca. Para lograr un mercado justo, competitivo y transparente, será fundamental un diálogo continuo entre operadores, reguladores y el gobierno, garantizando que todos los actores involucrados cumplan con las normativas establecidas.
La vigilancia proactiva por parte de la DGJA durante el régimen provisional será determinante para el éxito de esta transición, minimizando riesgos de irregularidades y protegiendo los intereses de los operadores legítimos en el mercado. Esta situación demanda soluciones creativas y colaborativas para integrar de manera efectiva a todos los agentes económicos dentro de un marco regulatorio adecuado.