El crecimiento del juego ilegal en Mendoza
Mendoza ha experimentado un creciente desafío en el ámbito del juego online ilegal, acumulando más de 8.000 denuncias contra plataformas no autorizadas. Ida López, presidenta del Instituto Provincial de Juegos y Casinos (IPJyC Mendoza), ha alertado sobre esta situación y destaca la necesidad de un marco regulatorio robusto. Según López, estas plataformas representan un obstáculo significativo para el control estatal del juego al operar fuera del marco legal establecido.
En un contexto de apuestas digitales en expansión, el crecimiento de sitios clandestinos es motivo de preocupación para las autoridades. López enfatiza que la prohibición del juego legal podría incentivar a estos operadores ilegales, haciendo énfasis en la relevancia de mantener un sistema regulado para controlar y auditar las operaciones. La experiencia de Brasil, donde la prohibición no ha detenido la proliferación de juego ilegal, sirve como referencia para argumentar que el marco regulatorio debe ser la herramienta principal del Estado para gestionar este problema.
Estrategias de regulación en juego
El enfoque de Mendoza para combatir el juego ilegal online se centra en un riguroso modelo de regulación. Las plataformas que desean operar en la provincia deben obtener autorización del IPJyC y cumplir con diversos requisitos, incluyendo la identificación de usuarios, verificación de edad, y el uso de mecanismos de juego responsable. Este esquema permite al Estado monitorear las plataformas, implementando controles sobre el manejo de datos personales y transacciones financieras, lo cual no ocurre en los sitios ilegales.
A diferencia de los operadores regulados, los sitios clandestinos presentan serios riesgos, como fraudes y posible lavado de dinero. Para mitigar el impacto de estas plataformas, el IPJyC ha establecido una colaboración con Meta para bloquear sitios denunciados en un plazo de 48 horas. Sin embargo, este esfuerzo enfrenta la constante aparición de nuevos dominios, lo que demanda un enfoque más dinámico y colaborativo.
El combate contra la publicidad del juego ilegal
Ida López subraya la importancia de sancionar la promoción del juego ilegal, identificando a los influencers como un vehículo crucial para la publicidad de estos sitios. Desde el IPJyC y la Asociación de Loterías Estatales Argentinas (ALEA), se impulsa al Congreso para que considere la promoción de plataformas ilegales como una infracción sancionable. Esto busca limitar el alcance y la influencia de estas actividades en el público en general.
Además, se han desarrollado manuales de buenas prácticas que establecen restricciones específicas, como evitar dirigir la publicidad a menores de edad. Estos esfuerzos se extienden a todas las jurisdicciones del país, reconociendo que la naturaleza transfronteriza del juego online requiere un esfuerzo coordinado para ser efectivo.
Desafíos del entorno digital
El hecho de que el juego online carezca de fronteras presenta un desafío significativo para el control estatal. Las jurisdicciones deben coordinarse para enfrentar a operadores que a menudo residen fuera del país, desafiando la eficacia de las leyes locales. Como lo describe López, el juego online es un fenómeno escurridizo, que demanda una constante adaptación de las estrategias regulatorias.
La colaboración internacional y el uso de tecnologías avanzadas para rastrear y bloquear actividades ilegales son pasos cruciales para gestionar esta problemática. Mendoza, junto con la ALEA, continúa trabajando en fortalecer su marco regulatorio y adaptarse a las nuevas realidades del entorno digital.
Conclusión
La estrategia de Mendoza para abordar el juego ilegal destaca la importancia de la regulación sobre la prohibición. Ida López y el IPJyC enfatizan que un sistema regulado permite un control estatal efectivo, reduciendo riesgos asociados a actividades clandestinas. La colaboración con plataformas tecnológicas y el empuje hacia sanciones más severas contra la promoción del juego ilegal son piezas clave en este esfuerzo.
El camino adelante para Mendoza y otras jurisdicciones latinoamericanas reside en la implementación de medidas que equilibren el acceso al juego regulado con protecciones adecuadas para los consumidores, asegurando así un entorno de juego seguro y justo.